EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA,
CAMBIARIA Y CREDITICIA A AGOSTO DE 2001
La Junta Monetaria, en Resolución JM-609-2000 del 27 de diciembre de 2000, determinó la Política Monetaria, Cambiaria y Crediticia para 2001, orientada principalmente a consolidar la estabilidad y confianza en las principales variables macroeconómicas y financieras, tomando en consideración que solamente con una política monetaria disciplinada es factible contribuir al crecimiento económico sostenible del país.
Entre los retos macroeconómicos que se identificaron para 2001 en la referida política y que debían enfrentarse para consolidar la estabilidad en los mercados de dinero y cambiario, así como para cumplir con la meta de inflación estaban la persistencia de términos de intercambio adversos, la necesidad de continuar con el fortalecimiento del proceso de intermediación financiera en el sistema bancario, la permanencia de la brecha fiscal y la insuficiencia de la estabilidad macroeconómica como condición para lograr el crecimiento económico sostenido.
Dentro de ese contexto, se puede observar que al finalizar los primeros ocho meses del año los referidos retos macroeconómicos han sido enfrentados. En efecto, los términos de intercambio continuaron deteriorándose, se experimentaron problemas en el sector financiero que culminaron con el proceso de intervención administrativa de tres instituciones bancarias y de liquidación de una sociedad financiera y, según la información de las finanzas públicas a julio, la profundización del déficit fiscal continúa consolidándose. Asimismo, el crecimiento económico está evolucionando con un menor dinamismo que el originalmente previsto.
En cuanto a los términos de intercambio, los mismos continuaron deteriorándose como consecuencia, principalmente, de que el precio del café continuó con tendencia hacia la baja, situación que no permite una mejor posición externa del país e impone una carga adicional a la economía, en detrimento del financiamiento a la actividad productiva del país. En adición, el magro desempeño de la economía de los Estados Unidos de América y, ligado a ello, la reducción del dinamismo de las economías de los principales socios comerciales del país, imponen restricciones adicionales a la producción interna, aspectos que se han traducido en una menor demanda para las exportaciones guatemaltecas.
En lo que respecta al fortalecimiento del sistema financiero nacional, los procesos de intervención administrativa del Banco Empresarial, S.A., Banco Metropolitano, S.A. y Banco Promotor, S.A., y de liquidación de la Financiera Metropolitana, S.A., han coadyuvado a avanzar en el ordenamiento y saneamiento del sistema financiero nacional, lo que ha contribuido a que las captaciones bancarias y el proceso de intermediación financiera continúen recuperándose. Adicionalmente, se avanzó en las reformas de la legislación financiera, ya que la Junta Monetaria en resolución JM-137-2001 del 12 de marzo del presente año aprobó el Proyecto de Ley de Bancos y Grupos Financieros, el cual incluye la normativa para la constitución, organización y funcionamiento de los denominados grupos financieros, faculta al órgano supervisor para ejercer la supervisión consolidada, establece mecanismos ágiles de reestructuración y salida de instituciones insolventes, establece normas para la correcta administración de riesgos de las instituciones bancarias y tipifica el delito de intermediación financiera. Por otra parte, en resolución JM-138-2001 del 12 de marzo del mismo año, la Junta Monetaria aprobó el Proyecto de Ley de Supervisión Financiera, el cual dota a la Superintendencia de Bancos de facultades regulatorias y sancionatorias suficientes para ejercer su función de supervisión. En adición, la autoridad monetaria, en resoluciones JM-204-2001 del 8 de mayo de 2001 y JM-213-2001 del 15 de mayo de 2001, aprobó los proyectos de Ley Orgánica del Banco de Guatemala y de Ley Monetaria. El primero de estos últimos proyectos de ley hace énfasis en aspectos que giran en torno a la redefinición del objetivo fundamental del banco central, el fortalecimiento de su autonomía financiera, el privilegio del uso de instrumentos indirectos de política monetaria, la redefinición de la facilidad de prestamista de última instancia, el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del ente emisor y la precisión de las atribuciones y funciones de los órganos de dirección y administración del Banco de Guatemala. Por su parte, el proyecto de Ley Monetaria regula lo atinente a la unidad monetaria nacional, sus denominaciones y características, mantiene al banco central la potestad de único emisor, garantiza la libre convertibilidad externa de la moneda nacional y la movilidad de capitales, define claramente la integración de las reservas monetarias internacionales y, además, es compatible con la Ley de Libre Negociación de Divisas. El conjunto de dichos proyectos de ley fue trasladado al Organismo Ejecutivo para que, por su conducto, fueran enviados como iniciativa de ley al Congreso de la República.
Por otra parte, como se indicó, el comportamiento de las finanzas públicas ha sido desfavorable en términos de apoyo a la política monetaria, ya que a julio el déficit fiscal se situó en Q2,178.6 millones, superior en Q1,954.7 millones al registrado en similar período de 2000, situación que se ha traducido en una disminución de los depósitos del gobierno en el Banco de Guatemala, más allá de los niveles programados, lo que ha implicado la realización de mayores niveles de operaciones de mercado abierto. En contraste con lo anterior, un hecho positivo para las finanzas públicas lo constituye la reforma tributaria aprobada por el Congreso de la República dirigida a incrementar la carga tributaria, a efecto de contar con suficientes recursos para financiar los niveles de inversión social establecidos en los Acuerdos de Paz. En primer lugar, se realizaron modificaciones al Código Tributario, particularmente para actualizar y fortalecer el marco sancionatorio a efecto de eliminar la evasión y elusión en el pago de los impuestos, en congruencia con las figuras de delito penal. Asimismo, se realizaron reformas al Código Penal, a la Ley Contra la Defraudación y el Contrabando Aduaneros y al Código Procesal Penal. En segundo lugar, se realizó una reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en el sentido de aumentar su tasa de 10% a 12%. Asimismo, se decretó la Ley de Actualización de Tarifas Impositivas de Impuestos Específicos y de Ampliación de Base Imponible, que incluye reformas a la Ley del Impuesto sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos; a la Ley del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo; a la Ley de Unificación y Nivelación de la Parte III del Arancel Centroamericano de Importación; y, a la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Con la aplicación de dichas reformas se espera una reducción en la brecha fiscal, principalmente para los próximos años, lo cual permitiría en el tiempo disponer de una mayor cantidad de recursos y, por consiguiente, de una menor necesidad de financiamiento interno y externo. Esa menor necesidad de financiamiento, a su vez, induciría a una reducción en la demanda de fondos prestables, lo que se traduciría no sólo en una disminución de la tasa de interés en el mercado de largo plazo, sino que también en un apoyo efectivo a la política monetaria.
Conviene destacar que a pesar de los problemas mencionados, que representan retos importantes para la política monetaria, durante los primeros ocho meses del año las principales variables macroeconómicas han permanecido estables. En efecto, las tasas de interés activas y pasivas han continuado con tendencia hacia la baja y la tasa de reportos ha continuado en niveles bajos y estables durante todo el período. El tipo de cambio, por su parte, también ha permanecido estable, lo que ha hecho prácticamente innecesaria la participación del Banco de Guatemala en el mercado cambiario, salvo en ocasiones muy excepcionales. Ello ha coadyuvado a que el nivel de Reservas Monetarias Internacionales permanezca de acuerdo con los niveles programados a inicios de año, e inclusive, si se excluye el efecto contable derivado del arreglo de la deuda con Nicaragua, por encima de dichos niveles. En efecto, las reservas monetarias internacionales al 31 de agosto se situaron en US$1,816.6 millones, monto inferior en US$57.5 millones al nivel registrado en diciembre de 2000, resultado que incluye el efecto contable derivado del arreglo tripartito de la deuda que el Banco Central de Nicaragua le tenía al Banco de Guatemala y de la que CORFINA adeudaba a España por US$65.0 millones.
Por otra parte, la evolución de las principales variables macroeconómicas en moneda extranjera a agosto permite constatar que la implementación de la Ley de Libre Negociación de Divisas, con vigencia a partir del uno de mayo del presente año, contrario a lo que algunos analistas preveían, ha derivado en resultados positivos por cuanto que, por una parte, ha propiciado un incremento en la captación en moneda extranjera por parte de los bancos del sistema, lo que ha contribuido a transparentar este tipo de operaciones y, por otra, ha inyectado recursos a la economía mediante el crédito que se ha otorgado al sector privado en moneda extranjera. Asimismo, es importante mencionar que la confianza de los agentes económicos en la moneda nacional no se redujo con la entrada en vigencia de la citada ley, tal y como lo evidencia el crecimiento ordenado y gradual de los medios de pago en moneda extranjera y la indicada estabilidad del tipo de cambio observada hasta agosto del presente año.
No obstante el desempeño macroeconómico descrito, es importante señalar que la inflación, medida a través del índice de precios al consumidor, evidencia a agosto un crecimiento interanual de 8.79%, el cual se ubica por encima de la meta prevista por la autoridad monetaria, de entre 4% y 6%. Si bien dicho incremento refleja parte del ajuste anticipado derivado del incremento de dos puntos porcentuales en la tasa del impuesto al valor agregado, así como de otros factores por el lado de la oferta como lo son la estacionalidad propia de la época, en donde en algunas regiones escasean los granos básicos, no deja de constituir una señal de alerta en cuanto al comportamiento futuro de la tasa de inflación, comportamiento al que se deberá estar atento, de manera que, de ser necesario, se adopten las medidas que permitan su desaceleración.
Finalmente conviene resaltar, al igual que se ha hecho en otras ocasiones, que el resultado positivo obtenido en materia de consolidación de la estabilidad de las principales variables macroeconómicas, a pesar de los problemas que han enfrentado el sector externo y el sector financiero durante los primeros ocho meses del año, se ha debido a la convicción de implementar una política monetaria activa y disciplinada, respaldada con un nivel de reservas monetarias internacionales adecuado. Dentro de este contexto, la posibilidad de llegar a concluir la negociación de un programa con el Fondo Monetario Internacional puede coadyuvar a consolidar un mejor desempeño de la política económica en los próximos meses.