La Junta Monetaria, en Resolución JM-609-2000 del 27 de diciembre de 2000, determinó la Política Monetaria, Cambiaria y Crediticia para 2001, orientada principalmente a consolidar la estabilidad y confianza en las principales variables macroeconómicas y financieras, teniendo presente que únicamente con una política monetaria disciplinada es factible contribuir al crecimiento económico sostenible.
Dentro de los retos macroeconómicos que se identificaban para 2001 en la referida política estaban la necesidad de continuar con el fortalecimiento del proceso de intermediación financiera en el sistema bancario, la persistencia de términos de intercambio adversos, la permanencia de la brecha fiscal, la insuficiencia de la estabilidad para lograr el crecimiento económico y, ligado a ello, las probables presiones para forzar a un relajamiento de la política monetaria.
Al finalizar los primeros cuatro meses del año se puede constatar que, efectivamente, los referidos retos macroeconómicos identificados en el marco general de la política monetaria a finales del año anterior han debido ser enfrentados. En efecto, uno de los principales eventos que caracterizaron el primer cuatrimestre del año fue la intervención administrativa a tres bancos del sistema acordada por la Junta Monetaria, como consecuencia de que éstos continuaron enfrentando serios problemas financieros que culminaron en el incumplimiento de sus obligaciones para con sus depositantes. En segundo lugar, los términos de intercambio continuaron su deterioro; y, en tercer lugar, según la información estadística a abril de las finanzas públicas existe el riesgo de que el déficit fiscal se ubique muy por encima del estimado originalmente.
En lo que se refiere a los procesos de intervención administrativa, en el caso del Banco Empresarial, S.A., la Junta Monetaria decidió su intervención el 9 de febrero, derivado de los problemas financieros estructurales que enfrentaba y sus persistentes problemas de liquidez, que culminaron en un sobregiro de alrededor de Q32.0 millones en su cuenta encaje el día 8 de febrero, que colocó al banco en una situación de cesación de pagos. Respecto a los Bancos Promotor, S.A., y Metropolitano, S.A., el 1 de marzo del presente año, la Junta Monetaria determinó su intervención dado que, al igual que en el caso del Banco Empresarial, S.A., los problemas financieros estructurales que enfrentaban dichos bancos los hicieron incurrir el 28 de febrero en sendos sobregiros por alrededor de Q86.0 millones y Q3.0 millones, respectivamente, lo que hizo que no pudieran honrar sus obligaciones para con sus depositantes, configurándose con ello la cesación de pagos.
Complementariamente al proceso de intervención, y a fin de salvaguardar los intereses de los depositantes y la estabilidad del sistema bancario en su conjunto, la Junta Monetaria autorizó 3 líneas de crédito contingente a los bancos intervenidos de manera que pudieran restituir los depósitos a sus cuentahabientes. Con ello se logró evitar una corrida bancaria, como las que se experimentaron en varios países de América Latina con las consecuencias que la misma hubiese significado en términos de tasa de inflación, volatilidad del tipo de cambio, elevación de tasas de interés, reducción del nivel de empleo, del nivel de producción y fuga de capitales, entre otros. No obstante, la Junta Monetaria, compenetrada del riesgo moral que para la disciplina de mercado puede entrañar dicho financiamiento, así como para minimizar los efectos de una monetización no contemplada en el programa monetario, impuso estrictas restricciones en el uso de esos recursos.
Los resultados parciales de los procesos de intervención administrativa han sido positivos. En primer lugar, han coadyuvado a contener el deterioro progresivo que enfrentaban las instituciones intervenidas desde hace varios años, lo que ha significado un importante avance en el proceso de saneamiento del sistema financiero nacional. En segundo lugar, se logró aislar el problema protegiendo a los depositantes y evitando la ocurrencia de un pánico bancario que hubiera afectado el sistema de pagos; y, en tercer lugar, la presencia de una política monetaria activa permitió neutralizar el efecto monetizante generado por la utilización de las líneas de crédito contingente, evitando con ello efectos no deseados en el nivel general de precios, en el tipo de cambio, en las tasas de interés de corto y largo plazos y en el proceso de intermediación financiera.
En otro orden, los términos de intercambio como se indicó, continuaron deteriorándose, ya que, por una parte, el precio del café continuó con tendencia hacia la baja, mientras que, por la otra, el precio de los derivados del petróleo lo hizo con tendencia al alza, lo que significa que ingresen menos recursos al país por concepto de exportaciones y que se tenga que erogar más divisas para cubrir la factura petrolera, situación que debilita la posición externa del país e impone una mayor carga a la economía interna.
Conviene destacar que, no obstante que los problemas mencionados anteriormente, representan retos importantes para la implementación de la política monetaria, las principales variables macroeconómicas en los primeros cuatro meses del año han permanecido estables; toda vez que se ha consolidado la confianza de los agentes económicos en la moneda nacional, lo que se evidencia en el crecimiento en las captaciones bancarias y en la posición promedio de encaje de los bancos en el Banco de Guatemala. Lo anterior ha posibilitado al banco central continuar colocando certificados de depósito a tasas de interés cada vez más bajas, lo cual ha contribuido a que las tasas de interés activas y pasivas continúen con tendencia hacia la baja y que la tasa promedio de reportos se haya mantenido en alrededor de 6% anual durante todo el cuatrimestre.
Por su parte, las reservas monetarias internacionales al 30 de abril se situaron en US$1,828.3 millones, monto que incluye el efecto derivado del arreglo tripartito de la deuda que el Banco Central de Nicaragua le tenía al Banco de Guatemala y de la que CORFINA adeudaba a España, por US$65.0 millones, lo que significó una baja en las mismas. En materia del tipo de cambio, éste ha permanecido estable durante el período, con excepción de la penúltima semana de abril cuando registró un alza de alrededor de Q0.15 centavos en dos días, derivado de una mayor demanda, situación que dio lugar a que el Banco de Guatemala participara en el mercado cambiario vendiendo divisas por un monto de US$8.0 millones deteniendo así el movimiento abrupto.
En lo relativo al comportamiento de los precios, es importante señalar que la inflación interanual observada a nivel república en abril se situó en 4.87%, inferior a la registrada en la misma fecha del año anterior (9.07%), la cual se ubica por debajo del límite superior del rango establecido como meta por la Junta Monetaria para 2001 (4% - 6%).
En lo que respecta al crédito al sector privado, si bien su crecimiento pareciera estar ubicado por debajo de lo esperado, las estimaciones más recientes, efectuadas dentro del marco de la revisión del programa monetario, indican que, de no haber ningún evento extraordinario, podría situarse dentro del rango previsto originalmente por la autoridad monetaria de entre 12% y 14%, aunque conviene señalar que las instituciones bancarias siguen siendo cautas en el otorgamiento de crédito, mostrando la preferencia por invertir sus excedentes de recursos en títulos del Gobierno y del Banco de Guatemala.
Por otra parte, tal como se indicó, el comportamiento de las finanzas públicas se ha deteriorado. En efecto, al 30 de abril el déficit fiscal se situó en Q1,253.7 millones, superior en Q943.7 millones al registrado en igual período de 2000, lo cual ha obligado al fisco a aumentar sus operaciones de financiamiento interno a corto plazo. Dicho resultado, de continuar con esa tendencia, puede constituirse en un factor que propicie, en el resto del año, distorsiones en las principales variables macroeconómicas y en las expectativas de los agentes económicos.
En cuanto a las reformas institucionales del sistema financiero, reviste especial relevancia el hecho de que la Junta Monetaria, atendiendo el mandato que establece la Ley de Libre Negociación de Divisas, Decreto Número 94-2000 del Congreso de la República, vigente desde el 1 de mayo del presente año, en sesión celebrada el 8 de marzo de 2001 aprobó la normativa que viabiliza la aplicación de la referida ley, basada en dos principios fundamentales; el principio de simetría que está relacionado con el hecho de no favorecer a una u otra moneda, y el principio de simplicidad es decir, que en la medida de lo posible rijan las mismas normas que están establecidas para la moneda nacional. En ese sentido, la normativa contiene disposiciones relacionadas a la reserva bancaria en monedas extranjeras, a la cámara de compensación de cheques y a la política de adelantos de banca central. Asimismo, normó lo relativo a calces en moneda extranjera, a la emisión de títulos de crédito y a la constitución de los depósitos en monedas extranjeras. En lo relacionado con la generación de estadísticas y de registros contables, se regula la forma de determinación del tipo de cambio de referencia, lo relativo a los formularios para fines de balanza de pagos, y se hacen algunas modificaciones y adecuaciones al Manual de Instrucciones Contables para Bancos y Sociedades Financieras. Otro aspecto de crucial trascendencia lo constituyen las reformas a las principales leyes financieras del país que han de permitir el fortalecimiento del sistema financiero y su competitividad (Ley de Bancos y Grupos Financieros, Ley de Supervisión Financiera).
Conviene resaltar que el éxito que se ha obtenido en materia de consolidación de la estabilidad de las principales variables macroeconómicas, a pesar de los problemas que enfrentó el sector financiero en el primer cuatrimestre del año, y del continuo deterioro de los términos de intercambio, se ha debido a la convicción de implementar una política monetaria activa y disciplinada, aspecto que evidencia la importancia de continuar impulsando dicha política con la misma prudencia, así como la necesidad de fortalecer las finanzas públicas.
En efecto, la necesidad de fortalecer la disciplina en la aplicación de las políticas monetaria y fiscal se hace clara y evidente, si a los retos que se han mencionado se adiciona el deterioro que ha registrado en meses recientes la economía de los Estados Unidos de América, lo cual puede plantear problemas potenciales a la política económica guatemalteca, tanto desde el punto de vista de la producción como de los flujos financieros. En el primer caso, el menor crecimiento económico a nivel mundial puede redundar en menores precios y demanda para las exportaciones guatemaltecas y, en el segundo caso, existe el riesgo de que, pese a las menores tasas de interés estadounidenses (que pueden significar algún alivio en concepto de deuda externa), y en tanto no se recuperen los índices de confianza, se pueda incrementar el grado de aversión al riesgo por parte de los inversionistas y ello redunde en un menor flujo de recursos financieros hacia los mercados emergentes. Todo lo anterior entraña el riesgo de que se puedan producir presiones sobre el quetzal que, para evitar su materialización y su transmisión hacia las expectativas inflacionarias, requieren de la aplicación de medidas de política monetaria y fiscal coherentes, así como del mantenimiento de un nivel de reservas monetarias internacionales adecuado.